En la Sesión del Concejo Metropolitano de Quito, que se desarrolló la mañana de este jueves, varios ediles reiteraron su preocupación por el contrato que mantiene la Empresa Pública Metropolitana de Aseo con el consorcio RECOBAQ, ya que existirían presuntas irregularidades.
“Como lo hemos denunciado desde un primer momento es un contrato que estaría presuntamente perjudicando a los intereses municipales y de los quiteños”, expresó el concejal Fernando Morales. Algo similar opinó Gissela Chalá, vicealcaldesa de Quito, quien aseguró que es una “mala herencia de la administración anterior”. Asimismo, la concejala Andrea Hidalgo dijo que es un contrato perjudicial “por donde quiera que se lo vea, porque no presta todas las condiciones en términos de tecnología en términos de eficiencia, sino también por el costo que significa para la ciudad”.
El contrató entre EMASEO EP y el consorcio RECOBAQ se firmó en octubre de 2018, por un monto de USD 73,8 millones, dividido en 12,5 millones en adquisición y repotenciación de flota, USD 58,7 millones para mantenimiento (en promedio USD 11,7 millones anuales) y USD 2,6 millones en intereses del financiamiento. “Es un contrato completamente lesivo para la ciudad, el costo para la recolección de la basura es el más caro posiblemente de todo el país, se tiene que volver a analizar los contratos. Aquí con todo el debido respeto no solamente se le puede dejar sola a la Gerente, sino que tiene que intervenir toda la institución con el peso político necesario, para que se haga esa terminación de este contrato lesivo y que la ciudad recupere los dineros”, enfatizó el concejal Juan Carlos Fiallo.
Durante la comparecencia, la gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, Yolanda Gaete, informó que el año pasado se intentó finalizar unilateralmente el contrato con RECOBAQ (por incumplir la cláusula de fiel cumplimiento, que estipula que las multas no pueden superar el 5% del valor total del contrato), pero el consorcio interpuso una Acción de Protección, que fue acogida por varios jueces de Guayaquil.
“Dentro de las estrategias judiciales y en el campo de litigio los jueces tienen una última palabra, pero en una determinada decisión hay mecanismos de impugnación para llevar a Corte Constitucional y para llegar a otras instancias y en última instancia también existen juicios por daños y perjuicios en contra de los jueces, porque los jueces no pueden fallar en contra de norma jurídica”, puntualizó el concejal René Bedón.
La Empresa Pública Metropolitana de Aseo interpuso una Acción Extraordinaria de Protección, por la vulneración de los derechos al debido proceso y la defensa, que fue admitida por la Corte Constitucional. Al momento, EMASEO EP está a la espera de que se señale fecha y hora de la audiencia correspondiente.
“Como lo hemos denunciado desde un primer momento es un contrato que estaría presuntamente perjudicando a los intereses municipales y de los quiteños”, expresó el concejal Fernando Morales. Algo similar opinó Gissela Chalá, vicealcaldesa de Quito, quien aseguró que es una “mala herencia de la administración anterior”. Asimismo, la concejala Andrea Hidalgo dijo que es un contrato perjudicial “por donde quiera que se lo vea, porque no presta todas las condiciones en términos de tecnología en términos de eficiencia, sino también por el costo que significa para la ciudad”.
El contrató entre EMASEO EP y el consorcio RECOBAQ se firmó en octubre de 2018, por un monto de USD 73,8 millones, dividido en 12,5 millones en adquisición y repotenciación de flota, USD 58,7 millones para mantenimiento (en promedio USD 11,7 millones anuales) y USD 2,6 millones en intereses del financiamiento.
“Es un contrato completamente lesivo para la ciudad, el costo para la recolección de la basura es el más caro posiblemente de todo el país, se tiene que volver a analizar los contratos. Aquí con todo el debido respeto no solamente se le puede dejar sola a la Gerente, sino que tiene que intervenir toda la institución con el peso político necesario, para que se haga esa terminación de este contrato lesivo y que la ciudad recupere los dineros”, enfatizó el concejal Juan Carlos Fiallo.
Durante la comparecencia, la gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, Yolanda Gaete, informó que el año pasado se intentó finalizar unilateralmente el contrato con RECOBAQ (por incumplir la cláusula de fiel cumplimiento, que estipula que las multas no pueden superar el 5% del valor total del contrato), pero el consorcio interpuso una Acción de Protección, que fue acogida por varios jueces de Guayaquil.
“Dentro de las estrategias judiciales y en el campo de litigio los jueces tienen una última palabra, pero en una determinada decisión hay mecanismos de impugnación para llevar a Corte Constitucional y para llegar a otras instancias y en última instancia también existen juicios por daños y perjuicios en contra de los jueces, porque los jueces no pueden fallar en contra de norma jurídica”, puntualizó el concejal René Bedón.
La Empresa Pública Metropolitana de Aseo interpuso una Acción Extraordinaria de Protección, por la vulneración de los derechos al debido proceso y la defensa, que fue admitida por la Corte Constitucional. Al momento, EMASEO EP está a la espera de que se señale fecha y hora de la audiencia correspondiente.
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